El Ministerio Secretaría General de Gobierno presentó el proceso “Hablemos de Participación: Diálogos para la reforma de la Ley 20.500”, iniciativa que busca modernizar esta normativa que regula la participación ciudadana en la gestión pública. En la oportunidad también se constituyó la mesa de coordinación interinstitucional, integrada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia junto a representantes de otros organismos públicos, gobiernos regionales, municipios y organizaciones de la sociedad civil. Tendrá la misión de hacer seguimiento el proceso participativo.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto participó de la instancia fue encabezada por la Ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo Dowling; la Subsecretaria Segegob, Nicole Cardoch Ramos; y el Director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Ignacio Achurra Díaz. En el espacio participó también el Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, además de diversas autoridades regionales.

La Ley 20.500 fue presentada al Congreso en 2004 y promulgada en 2011. Fue un paso importante para definir y fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, sin embargo, los diagnósticos desarrollados en la academia, en la sociedad civil organizada y no organizada, y en el Estado, coinciden en que dicha legislación no precisa qué se entiende por participación en la administración pública y sus alcances. Además, no entrega las herramientas que hagan efectiva su implementación.

El ministro Elizalde profundizó sobre la necesidad de recobrar la confianza de la ciudadanía desde las instituciones públicas. Sobre el proceso, la ministra Vallejo explicó que este es “muy importante para cumplir con el compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en el eje de fortalecimiento de la democracia porque nos abre paso a un cronograma de eventos de diálogo y de participación, tanto a nivel regional como comunal y local, para ver cómo mejorar esta ley, hacerla más participativa e incidente, así como un abanico de posibilidades para nuestro país”.

El proceso participativo estará compuesto por cuatro etapas de diálogo: la primera será desde la administración central del Estado, nivel regional y nivel municipal. La segunda, de diálogos con organizaciones sociales, además de un encuentro de expertos y expertas en la materia. La tercera etapa consiste en una consulta ciudadana digital abierta a todas las personas a nivel nacional, mientras que en el último tramo se realizará la sistematización de la información y posterior devolución de resultados.

Las instancias participativas que permitirán recabar insumos para la modernización de la Ley 20.500 se desarrollarán entre octubre y diciembre, con el objetivo de presentar en enero del próximo año una propuesta para un futuro proyecto de ley que reforme este cuerpo normativo.